El 30 de abril voté afirmativamente la Ley Bases en la Cámara de Diputados. La Ley tiene varios capítulos que sintetizan las líneas generales del proyecto del presidente Milei para el mediano y largo plazo: racionalización del Estado, desregulación de normas administrativas que frenan la liberación de las fuerzas productivas del país, y un fuerte impulso a las inversiones del sector privado.
En pocos días más, el Senado iniciará su tratamiento en Comisiones y luego se votará en el recinto. Las chances están parejas allí, pero en última instancia lo que debemos observar con atención en el debate legislativo es si los gobernadores tienen el poder suficiente para convencer a sus senadores para defender los intereses concretos y materiales de sus provincias, o sus ideologías e intereses partidarios.
El debate y la media sanción de la Ley en la Cámara de Diputados nos ofrece algunos indicios de lo que puede ocurrir en el Senado. El voto afirmativo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo, más la mayoría de los diputados de los bloques de la UCR y Hacemos, parece estar anticipando los contornos de una nueva configuración del mapa político argentino.
En ese marco general, va a resultar determinante como van a votar los senadores peronistas. Hay un capitulo crucial en el Proyecto que aprobamos en Diputados que puede terminar inclinando la balanza en favor de la aprobación de la Ley: el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este Régimen resulta una herramienta esencial para que el país pueda reestablecer un proceso de formación de capital que se detuvo hace mucho tiempo. El RIGI ofrece incentivos concretos para atraer grandes inversiones en infraestructura, minería, en particular para la explotación de litio y cobre, y en la producción y transporte de gas y petróleo.
Los desarrollistas recordamos el debate ocurrido hace seis décadas cuando el presidente Arturo Frondizi convoco al capital privado nacional y extranjero para revertir el déficit de la producción de petróleo por parte del Estado. En 1958 el país producía el 35% del petróleo que consumía, e importaba el resto. Ello provocaba un profundo déficit en la Balanza de pagos, que estrangulaba la posibilidad de importar máquinas y equipos necesarios para la industria local.
En esas circunstancias, Frondizi advirtió que el Estado no estaba en condiciones de financiar las inversiones que necesitaba YPF para revertir tamaño déficit energético. Así, para dar sustento material a su programa de desarrollo, Frondizi convoco al capital privado para que realizara lo que el Estado no podía hacer.
Los resultados son verificables, mientras toda la oposición, en particular sus viejos correligionarios radicales, la izquierda y el peronismo cuestionaban ideológicamente su decisión estratégica, Frondizi triplicó la producción de petróleo y consiguió el autoabastecimiento de hidrocarburos por primera vez en la historia de la Argentina moderna.
Hace unos meses el propio presidente Javier Milei puso en la escena el dilema que enfrento Arturo Frondizi en su época, señalando que si el presidente desarrollista hubiera dilatado las decisiones que requería el país haciéndose eco de los discursos ideológicos y dogmáticos de sus opositores “… todavía estaríamos discutiendo los contratos de petróleo y las radicaciones de capitales que fueron el ariete que abrió el rumbo para la transformación profunda de nuestra estructura económica».
Veremos en el Senado entonces, seis décadas después, una nueva confrontación política entre quienes declaman discursos ideológicos y dogmáticos fracasados y quienes proponen soluciones concretas a los grandes problemas argentinos.
Eduardo Falcone es Diputado Nacional (Bloque MID)
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