octubre 10, 2024

el desalojo del edificio La Dignidad de Madrid, un emblema de la ocupación en España


En España, perder la casa en la que se vive es un proceso silencioso, cáustico y tenaz, de caída libre hacia un vacío del que casi nunca hay retorno.

Como le pasó a Ana Jiménez, una empleada en una de las tiendas de El Corte Inglés que un buen día se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando el alquiler, según cuenta a Clarín.

Durante un tiempo la ayudaron hasta que le hablaron de La Dignidad, un edificio ocupado en el sur de Madrid donde consiguió instalarse con su pareja y sus dos nenas.

Ana es una de las personas que, durante nueve años y hasta hace algunas semanas, vivieron en alguno de los 18 departamentos de la calle Carcavilla 2 bis de Móstoles, el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid.


Eran 40 vecinos -entre los cuales había 18 nenes- que fueron poblando el edificio que se construyó en 1975 pero estuvo deshabitado hasta 2014.

Con las puertas automáticas del ascensor ya instaladas y los ventanales corredizos a punto, la constructora entró en concurso de acreedores y el edificio quedó, durante décadas, vacío.

José Antonio García y María Luisa Montiel. No son pareja pero compartían uno de los departamentos que habían ocupado en La Dignidad, en Móstoles. Foto: Cézaro De LucaJosé Antonio García y María Luisa Montiel. No son pareja pero compartían uno de los departamentos que habían ocupado en La Dignidad, en Móstoles. Foto: Cézaro De Luca

Hasta que fueron llegando familias, parejas, personas solas. Con diferentes grados de vulnerabilidad -desocupados, inmigrantes, enfermos crónicos, discapacitados- y algo en común: no tener dónde vivir.

Un derecho esencial

La plataforma Stop Desahucios Móstoles fue derivando huéspedes al edificio que bautizaron La Dignidad, para subrayar que el techo donde cobijarse es un derecho esencial.

Uno de los 18 nenes que vivían allí, juega en el patio cerrado del edificio La Dignidad de la localidad Móstoles. Foto: Cézaro De LucaUno de los 18 nenes que vivían allí, juega en el patio cerrado del edificio La Dignidad de la localidad Móstoles. Foto: Cézaro De Luca

Desde entonces, ese bloque de ladrillo a la vista de cinco pisos es el símbolo de la desazón y de la resistencia para miles de españoles que, sobre todo después de la crisis económica de 2008, no pudieron seguir pagando el alquiler o la hipoteca de la casa que se habían comprado.

En 2022 se contabilizaron infracciones en 16.726 viviendas ocupadas, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior español. En 2021 fueron 17.274.

Este año, hasta el 31 de marzo, las actas penales relacionadas con ocupaciones de inmuebles vacíos fueron 3.898.

Souad, una española a punto de ser desalojada, es consolada por su amigo José Antonio durante un intento, en mayo, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Foto : Cézaro De LucaSouad, una española a punto de ser desalojada, es consolada por su amigo José Antonio durante un intento, en mayo, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Foto : Cézaro De Luca

“En Móstoles, en 2018 había más de 4.000 viviendas vacías”, denuncian los activistas contra los desalojos.

“Nos tienen abandonados”, dice María del Carmen Tellez. Necesita su dosis de insulina diaria y cuidados especiales: conserva la sonda urinaria desde la última intervención que le hicieron y no sabe dónde irá a parar. “Me hace falta tener una heladera para conservar la insulina”, señala.

María del Carmen Tellez está convaleciente. Aquí con su esposo, Manuel Salazar, en el departamento que ocupaban en La Dignidad de Móstoles y del cual fueron desalojados. Foto: Cézaro De LucaMaría del Carmen Tellez está convaleciente. Aquí con su esposo, Manuel Salazar, en el departamento que ocupaban en La Dignidad de Móstoles y del cual fueron desalojados. Foto: Cézaro De Luca

José Antonio García cobra una pensión no contributiva que ronda los 450 euros por mes. “Con eso no puedo pagar un alquiler”, dice a Clarín el hombre, de 71 años. “No nos dan una solución”, agrega.

José Antonio vivió en la calle. Luego compartió un departamento en La Dignidad con María Luisa Montiel. No son pareja. Sólo buenos vecinos. Juntos cuidaban dos gatos que hacían malabares sobre la baranda del balcón.

El edificio La Dignidad por dentro: sus ocupantes vivían con las cajas listas por si sufrían un desalojo compulsivo. Foto: Cézaro De LucaEl edificio La Dignidad por dentro: sus ocupantes vivían con las cajas listas por si sufrían un desalojo compulsivo. Foto: Cézaro De Luca

En julio del año pasado, el edificio de La Dignidad salió a subasta pública. Con un precio base de 2,5 millones de euros, los 2.969 metros cuadrados de la propiedad están valuados, en realidad, 4,6 millones.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) finalmente vendió el edificio a la sociedad Midtown Capital SL, una empresa que tiene sede en Miami y que puso, como condición, que vaciaran la propiedad.

Vecinos del edificio La Dignidad de Móstoles y miembros de la organización Stop Desahucios bloquean la puerta entrada ante el anuncio de desalojo que finalmente quedó postergado. Foto: Cézaro De LucaVecinos del edificio La Dignidad de Móstoles y miembros de la organización Stop Desahucios bloquean la puerta entrada ante el anuncio de desalojo que finalmente quedó postergado. Foto: Cézaro De Luca

La Sareb, que los españoles llaman “el banco malo” aunque no es un banco, surgió en 2012 para absorber las viviendas embargadas por los bancos tras la crisis de 2008 y luego venderlas o alquilarlas.

“No pedimos que nos regalen nada. Sólo que nos cobren un alquiler que podamos pagar”, dice Ana. “Para afrontar una renta cualquiera piden como requisito un sueldo de 2.400 ó 2.500 euros mensuales”, agrega.

Qué dice la nueva ley de vivienda

En mayo de este año España aprobó la primera ley de vivienda de la democracia. El gobierno de coalición PSOE-Podemos -que sólo está en funciones hasta que el Parlamento elija un nuevo presidente luego de las elecciones del 23 de julio- asegura que servirá para contener los precios de los alquileres, para aumentar la oferta en los municipios con más demanda y para proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios frente a los “abusos de los grandes poseedores de viviendas y de los fondos de inversión”.

Sin embargo los partidos de derecha sostienen que la nueva ley de vivienda vulnera el derecho a la propiedad privada y ampara la ocupación ilegal.

Respecto de los desalojos, la nueva normativa establece que se terminaron los procedimientos sorpresa.

La ley señala que, de ahora en más, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que comunicar el día y la hora en la que se presentarán en una vivienda a desalojar.

Vecinos del edificio La Dignidad, de Móstoles, y miembros de la organización Stop Desahucios se manifestaron en la puerta del edificio varias veces para evitar el desalojo. Foto: Cézaro De LucaVecinos del edificio La Dignidad, de Móstoles, y miembros de la organización Stop Desahucios se manifestaron en la puerta del edificio varias veces para evitar el desalojo. Foto: Cézaro De Luca

Y los juzgados tendrán que solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si una persona que debe ser desalojada es vulnerable o no. En caso de serlo, se suspenderá el desalojo hasta que las autoridades le encuentren una alternativa habitacional.

“En el municipio se niegan a entregarnos nuestros propios informes sociales”, aseguran, sin embargo, los vecinos de La Dignidad.

“Además, durante diez años no podremos pedir una vivienda social. Es la pena que tendremos que pagar porque estuvimos ocupando”, explica el esposo de María del Carmen.

España está entre los países europeos que destina el menor porcentaje de inmuebles disponibles a vivienda social.

A mediados de julio, la Policía controló que los ocupantes del edificio La Dignidad lo desalojaran y se llevaran sus pertenencias. Foto: Cézaro De LucaA mediados de julio, la Policía controló que los ocupantes del edificio La Dignidad lo desalojaran y se llevaran sus pertenencias. Foto: Cézaro De Luca

“Sólo el 1,1 por ciento de las viviendas en alquiler son sociales”, dice el actor argentino Juan Diego Botto, que debutó en 2022 como director con la película En los márgenes.

Protagonizado por Penélope Cruz, el filme no escatima en provocar la angustia que viven sus personajes, todos al borde del temido desalojo al que llegaron por diferentes y tortuosos motivos.

“Hoy, en España, hay cien desalojos por día”, agrega Botto, hijo de exiliados argentinos en España durante la dictadura militar.

Su motivación para escribir el guión de la película fue “contar cómo afecta la violencia económica a las relaciones afectivas”.

“Qué le pasa a una pareja en un proceso de desahucio (desalojo). Ese fue el pilar básico sobre el que está construida la película. Cómo nuestras relaciones afectivas se ven afectadas por nuestra realidad socioeconómica”, dice Botto.

Red solidaria

Durante años, los vecinos de La Dignidad tejieron una red de solidaridad y ayuda mutua. Cuando les cortaron el agua, consiguieron montar una cisterna en la entrada del edificio. Y cuando veían llegar al empleado de la empresa eléctrica que traía la instrucción de dejarlos sin luz, sabían que el chico cumpliría con el ritual de cortar la electricidad en todos los departamentos, firmar la planilla y, antes de irse, volver a colgarlos de la red.

Según ellos, el barrio nunca los combatió. “Excepto alguna vecina que no está del todo bien de la cabeza”, aseguran.

“Porque somos gente tranquila y nos cuidamos entre nosotros. Somos familia”, dice Ana.

Manifestación en Madrid en contra de las empresas que compran los departamentos hipotecados que la gente no pudo seguir pagando. Foto: Cézaro De LucaManifestación en Madrid en contra de las empresas que compran los departamentos hipotecados que la gente no pudo seguir pagando. Foto: Cézaro De Luca

Josefa Salsa Quevedo vive en el edificio que mira de frente a La Dignidad. “No pagan luz, agua ni nada. No es justo”, se lamenta.

A fines de junio, el gobierno español anunció que prorrogaba hasta fin de año la suspensión de los desalojos. Sin embargo después de varios amagues, el 17 de julio los vecinos de La Dignidad fueron finalmente obligados a salir de los departamentos que ocupaban para no volver nunca más.

Esta vez, de nada sirvió haber soldado las rejas de ingreso al edificio. Ni los tachos de pintura roja arrojada desde las ventanas como el aceite hirviendo con el que los criollos ahuyentaron a los ingleses a principios del siglo XIX en el Río de la Plata.

En las redes sociales aún circula el video de la familia que tapió la puerta con dos maderas y esperó que la Policía irrumpiera.

Hasta ahora, las autoridades les garantizaron apenas dos noches en un hostal de las fueras. O dinero -unos 700 euros- para alquilar una habitación durante dos meses.

Un mes después del desalojo, varios de los ocupantes de los departamentos acamparon frente al juzgado de Móstoles.

Ahora, detrás de la pancarta que pide “No más gente sin casa, alternativa digna ya”, se llaman Campamento Dignidad.

Llevan más de tres semanas durmiendo, de a turnos, a la intemperie o en carpa.

“Cuando nos desalojaron, fuimos a los servicios sociales y me dijeron que la alternativa era quitarme la custodia de mis hijas y que mi pareja y yo fuéramos a albergues diferentes”, cuenta Ana, que se negó a separarse de sus nenas.

Denuncian que el Ayuntamiento de Móstoles, en vez de darles una solución, los multa por el campamento que montaron en el Parque Cuartel Huertas, frente al juzgado.

A 25 kilómetros al sur de la Puerta del Sol, La Dignidad es hoy un edificio muerto. “Somos 18 familias que convivimos aquí durante nueve años. Que nos lleven a todos juntos a otro lado. Sólo eso”, piden sus ex habitantes.



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