La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzará esta semana su nuevo libro titulado “De un día para otro, medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno”. En el libro se sintetizan las medidas económicos, sociales y de seguridad que la ex ministra de Seguridad promete poner en marcha el 10 de diciembre, si es elegida presidenta, para sacar a la Argentina del estancamiento.
El libro, publicado por la editorial Sudamericana, será presentado el jueves 14 de septiembre, a las 17:45 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.
Bullrich, además de su carrera política, tiene también una académica. En 2001 se graduó como licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Periodismo en la Universidad de Palermo. Lo hizo en tres años y con 9,58 de promedio. En 2009 obtuvo el título de Magíster en Ciencia Política y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En tanto, en 2013 recibió el título de Doctora en Ciencia Política de la Universidad de San Martín (UNSAM).
Este es el sexto libro de Bullrich. Primero publicó “Memorias de la acción. Conversaciones con Albino Gómez”, luego “El desafío argentino. Razones éticas y prácticas para el cambio”, “Yo propongo”, “Desarticulación y hegemonía” y “Guerra sin cuartel: Terminar con la inseguridad en la Argentina».
Clarín accedió a un anticipo del libro. En su capítulo “Primero, el orden” Bullrich señala que “Si al llegar a un lugar quedamos atascados en el tránsito porque un piquete de protesta corta la circulación de una ruta o de una avenida y nosotros debemos esperar y esperar hasta que los manifestantes se dignen a despejar el asfalto; si, cuando conseguimos por fin avanzar, vemos los edificios y los monumentos históricos pintarrajeados, las baldosas de las veredas arrancadas, los templos con grafitis en sus paredes, los carteles dañados intencionalmente y el tránsito caótico, seguramente no nos equivocaremos al calificar con una mala nota la calidad de vida en ese Estado y, como mínimo, la aptitud de sus gobernantes.
La vía pública es el rostro de una nación, el único escenario donde el Estado está presente visiblemente en la persona de los miembros de sus fuerzas de seguridad.
Improbablemente, un ciudadano o un turista se crucen en la calle con un ministro o un funcionario de alto rango. Tal vez en muchas ocasiones pasen cerca de otros a quienes ni siquiera reconocerán. Pero siempre, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier carretera, puerto o aeropuerto, verán la figura de los agentes del orden. Ellos son la única expresión de un gobierno a cielo abierto.
Volvamos ahora al piquete por un momento. La policía está a un costado, mirando y, a veces, hasta resguardándose de las piedras que les arrojan los agitadores, quienes incluso se atreven a atacarlos con palos y elementos cortantes. Es un espectáculo indignante para los ciudadanos locales y asombroso para los extranjeros, que no pueden entender por qué los efectivos no actúan respondiendo al ataque con la potencia necesaria y deteniendo a los agresores. Sabemos de sobra por qué no actúan. Un concierto amplio de jueces y fiscales —o, al menos, suficientemente numeroso como para generar inquietud— está esperándolos al otro lado del corredor de la libertad para hacerles pagar todo daño infringido a un delincuente. Son magistrados que heredaron la escuela del resentimiento contra la sociedad, que generaron juristas como Raúl Eugenio Zaffaroni, primero juez de la Corte Suprema de la Argentina y después miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos están siempre listos para encontrar una vía de escape para los criminales, con la misma pasión con la que procuran los máximos castigos para quienes se defienden o defienden de ellos a la comunidad. He confrontado con muchos de esos jueces una y otra vez, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en cada ocasión en la que encarcelaban a un miembro de una fuerza de seguridad por cumplir con su deber.
Durante mi gestión, di orden a mis asesores de elaborar un protocolo sobre el uso de las armas de fuego. Ese protocolo establecía claramente en qué casos y de qué manera podían utilizarlas e incluso disparar. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación —ya sin Zaffaroni— me había sugerido redactar algo así y, una vez puesto en marcha, el protocolo fue avalado, en diferentes casos, por siete jueces federales. Terminado nuestro mandato, lo primero que hizo el gobierno kirchnerista, a instancias de la nueva ministra, fue derogar aquel protocolo. Los miembros de las fuerzas de seguridad quedaron en tal situación de incertidumbre que un policía prefirió correr el riesgo de que lo mataran antes que sacar su pistola para defenderse. Y lo mataron. Lo asesinó un agresor con un cuchillo, porque el policía sabía que si él desenfundaba su arma lo más probable hubiera sido que llevara las de perder frente a los jueces.
Por eso, en las primeras veinticuatro horas, resultará imperioso el restablecimiento de ese protocolo; pero esta vez la protección a los servidores del orden debe ser reforzada. El primer día, el Congreso debe recibir un proyecto de ley que amplíe significativamente las causas de justificación por legítima defensa o por cumplimiento del deber, de manera tal que nadie sufra la más mínima consecuencia cuando se vea involucrado contra su voluntad en una trama delictiva generada por otro que lo agrede o que agrede a un inocente ante su vista”, finaliza el anticipó del último libro de Bullrich.
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