Así es la autocracia

Desde que Donald Trump fue elegido de nuevo, he temido un escenario por encima de todos: que llamara al ejército contra quienes protestaban por sus deportaciones masivas, poniendo a Estados Unidos camino a la ley marcial. Sin embargo, incluso en mis imaginaciones más extravagantes, pensé que necesitaría un pretexto más convincente para desplegar tropas en las calles de una ciudad estadounidense —en contra de la voluntad de su alcalde y gobernador— que las protestas relativamente pequeñas que estallaron en Los Ángeles la semana pasada.

En un entorno posrealista, resulta que el presidente no necesitó esperar una crisis para lanzar una represión autoritaria. En cambio, puede simplemente inventarla.

Es cierto que algunos de los que protestan contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles han sido violentos; el domingo, un hombre fue arrestado por presuntamente lanzar un cóctel molotov a un agente de policía, y otro fue acusado de conducir una motocicleta contra una fila de policías. Dicha violencia debe ser condenada tanto por ser inmoral como por ser tremendamente contraproducente. Cada Waymo quemado o tienda destrozada es un regalo en especie para la administración.

Pero la idea de que Trump necesitaba desplegar soldados en las calles de la ciudad porque los disturbios se estaban descontrolando es pura fantasía.

«Hoy, las manifestaciones en toda la ciudad de Los Ángeles se mantuvieron pacíficas, y felicitamos a todos aquellos que ejercieron sus derechos bajo la Primera Enmienda con responsabilidad», declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles el sábado por la noche. Ese mismo día, Trump anuló la decisión del gobernador Gavin Newsom y federalizó la Guardia Nacional de California, amparándose en una ley poco utilizada destinada a lidiar con «la rebelión o el peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos».

Luego, el lunes, con miles de efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad, el gobierno anunció el envío de 700 marines. La policía de Los Ángeles no parece querer a los marines allí; en un comunicado, el jefe de policía Jim McDonnell declaró: «La llegada de fuerzas militares federales a Los Ángeles, en ausencia de una coordinación clara, representa un importante desafío logístico y operativo para quienes estamos encargados de salvaguardar esta ciudad». Pero para Trump, salvaguardar la ciudad nunca fue el objetivo.

Es importante comprender que, para este gobierno, las protestas no necesitan ser violentas para ser consideradas un levantamiento ilegítimo. El memorando presidencial que llama a la Guardia Nacional se refiere tanto a actos violentos como a cualquier protesta que «inhiba» la aplicación de la ley.

Esta definición parece incluir las manifestaciones pacíficas en torno al lugar de las redadas del ICE. En mayo, por ejemplo, agentes federales armados irrumpieron en dos populares restaurantes italianos en San Diego en busca de trabajadores que se encontraban sin permiso en el país; esposaron a los empleados y detuvieron a cuatro personas. Mientras lo hacían, una multitud indignada se congregó afuera, coreando «¡vergüenza!» e impidiendo la salida de los agentes durante un tiempo. Bajo la orden de Trump, el ejército podría identificar a estas personas como insurrectos.

El gobierno, después de todo, tiene todas las razones para querer intimidar a quienes pudieran participar en la desobediencia civil. Las protestas violentas le hacen el juego; las pacíficas amenazan la narrativa absurda que intenta imponer a Estados Unidos.

Basta con mirar hasta qué punto se está silenciando a David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California. La semana pasada, Huerta fue arrestado tras sentarse en una acera y bloquear una puerta mientras protestaba contra una redada de inmigración en un centro de trabajo en Los Ángeles. Mientras estaba detenido, fue derribado al suelo, lo que provocó su hospitalización.

El lunes, el Departamento de Justicia lo acusó de «conspiración para obstaculizar a un oficial», un delito grave que conlleva una pena máxima de seis años de prisión.

Trump también exigió el lunes el arresto de Newsom. Si viéramos todo esto en cualquier otro país —soldados enviados para reprimir la disidencia, líderes sindicales arrestados, políticos de la oposición amenazados—, sería evidente que la autocracia ha llegado. La pregunta ahora es si los estadounidenses que odian la tiranía podrán reaccionar.

Muchos han especulado que la confrontación en Los Ángeles le hará el juego a Trump, permitiéndole presentarse como un defensor de la ley y el orden que somete a las bandas criminales. Quizás tengan razón; Trump es un maestro de la demagogia con un don para crear las escenas de conflicto que sus partidarios anhelan. Ahora sabemos que el Dr. Phil (n. de la r.: personalidad televisiva de Estados Unidos) estuvo sobre el terreno con el ICE durante las redadas que desencadenaron los disturbios en Los Ángeles, grabando un especial en horario de máxima audiencia. La administración parecía querer un espectáculo.

Sin embargo, la opinión pública no es inamovible, por lo que es importante que todos los que tienen una plataforma —políticos, veteranos, líderes culturales y religiosos— denuncien los excesos autoritarios de la administración.

Funcionarios de la administración como Stephen Miller promueven la idea de que Los Ángeles es «territorio ocupado», como lo demuestran las banderas extranjeras que portan algunos manifestantes. Los estadounidenses que aún albergan esperanzas democráticas deberían decir, tan alto y con tanta frecuencia como puedan, que esta es una mentira insultantemente estúpida para justificar una toma de poder dictatorial. Quizás resulte que la verdad no sea rival para la propaganda de la derecha, pero si ese es el caso, ya estábamos perdidos.

c.2025 The New York Times Company